Primera Parte
Diagnóstico del Problema Estudiado.

La administración de justicia ha padecido la acumulación incesante de asuntos sometidos al arbitrio judicial, lo cual es una causa importante del congestionamiento de su capacidad resolutiva que, a su propia vez, pone en riesgo el cumplimiento de los principios constitucionales de prontitud y expeditez, establecidos por el segundo párrafo del Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aún a pesar de los notables esfuerzos para incrementar el número de jueces y juzgados a fin de satisfacer la creciente demanda por sus servicios, es evidente la impostergable necesidad de introducir soluciones procesales que coadyuven a que la administración de justicia se aproxime aún más a la realización del mandato constitucional.

En nuestro sistema procesal civil y constitucional, el concepto de acción se fundamenta en el interés jurídico, el cual pretende mantener la integridad de un derecho subjetivo afectado por el demandado. En efecto, el ejercicio de la acción presupone necesariamente la individualización del sujeto actor, lo que ha propiciado la multiplicación de asuntos que han sido atendidos por el Poder Judicial Federal. Instrumentos procesales que permiten la pluralidad de sujetos actores tales como la acumulación o bien el litisconsorcio activo, son insuficientes para modernizar a nuestro sistema procesal ya que siguen estando fundamentados en los principios de conexidad de hechos, o de cotitularidad de un mismo interés subjetivo; es decir, sigue predominando la tradición jurídica liberal e individualista del Siglo XIX, salvo por las excepciones incorporadas por la Constitución Política de 1917, que incorpora derechos y acciones sociales, los que son insuficientes para atender a las necesidades individuales o colectivas de la realidad social contemporánea.

El post-modernismo jurídico, que parece iniciar en Europa desde los años 80 del Siglo XX, comienza a generar una nueva evolución jurídica hacia la protección de intereses colectivos y difusos. Esto es, si bien el Siglo XIX logró institucionalizar la acción procesal basada en el interés jurídico y éste en el derecho subjetivo individual; a principios del Siglo XX se reconoció la necesidad de hacer lo propio para los derechos sociales mediante su correspondencia e identidad con la estratificación de la Sociedad en clases sociales. Sin embargo, se ha advertido recientemente que tanto los derechos subjetivos como los sociales y sus correspondientes acciones procesales, son ya insuficientes para proteger y hacer valer otras especies de derechos cuyos sujetos son indeterminados o bien son compartidos sin atender a la pertenencia del sujeto a cierta clase social. Por una parte, existe un cierto grado de indeterminación específico que se caracteriza por ser limitado en cuanto a los sujetos que pueden compartir los derechos colectivos de que se trate sin que el nexo de identidad sea su pertenencia a cierta clase social, sino más bien, a cierta situación jurídica que engendra a un interés legítimo, justificante a su vez, de una acción colectiva. Por la otra, otro grado de indeterminación, más amplio que el anterior, se caracteriza por corresponderse a los Derechos Humanos, llamados “derechos difusos”, por lo que su propósito es la protección de todo ser humano, al menos los que se encuentren dentro de los ámbitos de validez propios del sistema jurídico que haya de protegerlos a través del interés simple y de su correspondiente acción popular.

Nuestro derecho positivo, ha incorporado ciertos derechos cuyos destinatarios son indeterminados en uno u otro grado. Ejemplo de derechos difusos son: el derecho a la salud; el derecho a la vivienda; el derecho a la información; el derecho al medio ambiente óptimo etc., que han venido tutelándose mediante ciertas instituciones gubernamentales tales como la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, etc. Derechos colectivos que no atienden a una clase social en particular, son por ejemplo los derechos del consumidor, y más aún, los derechos de ciertos consumidores de ciertos productos o servicios; estos últimos, han venido siendo tutelados mediante organismos gubernamentales creados “ad hoc” según la naturaleza del tema de que se trate, y por ello encontramos a la Procuraduría Federal del Consumidor; a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; a la Comisión Nacional de Servicios Financieros; a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, etc.

No obstante la existencia de estos organismos, la carencia de uniformidad, integridad y sistematización en la evolución de esta clase de derechos y acciones colectivas; así como la ausencia de acciones idóneas para la tutela de ciertos derechos sustantivos de esa naturaleza, han contribuido:

La carencia de acciones procesales eficaces para encauzar la tutela institucional de dichos derechos colectivos pone en grave riesgo al sostenimiento del orden público y de la paz social.

Es necesario ampliar los alcances de las acciones colectivas que se regularicen en nuestro sistema jurídico. En efecto, limitarlas al ámbito del juicio de amparo, supone que sólo podrían ser ejercitadas en contra de actos de autoridad. Sin embargo, estas acciones son susceptibles de ser enderezadas también en contra de actos u omisiones de particulares, como es por ejemplo la responsabilidad civil extracontractual, concretamente en materia ambiental y también respecto de derechos del consumidor. Al expandir los alcances de esta clase de acciones procesales al ámbito de las controversias entre particulares, se logrará evolucionar instituciones tales como el litisconsorcio activo y la acumulación mediante nuevas figuras tales como los llamados derechos individuales homogéneos, ya que los alcances actuales de éstas siguen fundamentadas en el interés jurídico individual y por lo tanto, son insuficientes para tutelar al interés colectivo o al social.

Las acciones colectivas generan un alto impacto institucional en beneficio de la convivencia pacífica pues contribuyen tanto a promover la justicia social como a lograr que la administración de justicia sea pronta, expedita, eficaz y eficiente

El resultado practico de crear acciones colectivas ejercitables en contra de actos u omisiones de particulares, se puede resumir en tres elementos: economía procesal; eficiencia judicial; y tutela eficaz del interés colectivo o social.
Por lo anterior, la creación de acciones colectivas que puedan ser ejercitadas en contra de actos u omisiones de particulares y no sólo en contra de actos de autoridad, representa una evolución urgente y necesaria de nuestro sistema jurídico que aproximará la realización del ideal constitucional antes citado: esto es, que la administración de la justicia sea pronta y expedita.

Segunda Parte
Propuesta para Resolver el Problema Estudiado

La propuesta que se formula en esta ponencia fue elaborada de la siguiente manera:

Por una parte, se estudiaron las instituciones correspondientes y similares que existen en el Derecho Comparado. Para tal propósito, se estudiaron los sistemas jurídicos (leyes en vigor, propuestas de leyes, precedentes judiciales y doctrina) de los Estados Unidos de América, de la República Federal del Brazil, de la República Argentina, de la República de Chile, de la República de Costa Rica, del Reino de Suecia, del Reino de España, de la República de Italia y de la República Francesa, por citar los más relevantes para propósitos de esta ponencia. Adicionalmente, se agregaron las experiencias forenses en algunos de esos países, de quienes participaron en la elaboración de este documento.

Por otra parte, se estudió al sistema jurídico mexicano para encontrar instituciones similares, y también para que la propuesta adjunta, pueda tener una asimilación armónica, sistemática y eficaz dentro del mismo.

Cabe hacer notar que del Derecho Comparado, se extrajeron los elementos que consideramos de mayor solidez jurídica, y se eliminaron aquellos que han sido severamente cuestionados por el Foro del país de que se trate y que en la práctica propia de quienes elaboramos este documento, han demostrado ser ineficaces.

Dado que la propuesta que se hace, está dirigida preponderantemente hacia la admisión de acciones colectivas en contra de actos u omisiones de particulares, hemos concluido que la misma debe integrarse dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles o bien en una ley procesal especial, y en el contexto de ciertas reformas particulares en el Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras, con la esperanza de que sea adoptada eventualmente por cada una de nuestras entidades federativas en sus respectivos códigos procesales civiles.

La asimilación al sistema jurídico mexicano ha tenido que considerar los derechos sustantivos y las situaciones jurídicas objeto de tutela por estas nuevas clases de acciones procesales. En nuestra opinión, existen ya diversos derechos sustantivos y situaciones jurídicas de naturaleza colectiva y/o difusa en diversos ordenamientos de nuestro Derecho, ya fuere a nivel constitucional o legal, como lo es por ejemplo la acción popular contenida en la Ley General de Salud o bien otras en materia ambiental contenidas en leyes especiales de la materia. Habiendo encontrado esos derechos sustantivos, procedimos a conceptuar una clase de acción diferente, que hemos llamado colectiva, para tutelar derechos colectivos e individuales homogéneos. Para ello, se utilizaron conceptos fundamentales como el interés simple, legítimo y subjetivo, respectivamente; y finalmente se estructuró un nuevo procedimiento preparatorio por el que se certificará la existencia de un grupo legitimado para desahogar las acciones colectivas, que permitan tutelar los derechos correspondientes en contra de actos u omisiones de particulares mediante la interposición de una acción de esa naturaleza en un juicio ordinario civil o mercantil. El resultado de este esfuerzo se materializa en la propuesta de articulado específico para instrumentar lo anterior y que se presenta de forma tal que pueda ser ajustado para insertarse en el Código Federal de Procedimientos Civiles, o bien en una ley especial, según ha sido comentado ya. En adición resulta conveniente extender la tutela constitucional incorporando en el ámbito de protección del juicio de amparo con respecto a actos de autoridad que afecten derechos difusos o derechos colectivos.

Esta nueva acción procesal que se propone, permite evitar que una misma situación jurídica y fáctica sea estudiada en casos separados que requieren de un esfuerzo considerable e innecesario en la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles para el Poder Judicial Federal.

Finalmente, el efecto de la sentencia que habrá de interesar únicamente a los miembros de una colectividad o bien a la sociedad en su conjunto, produce una especie limitada del efecto “erga omnes”, lo que es congruente con la evolución que se plantea en esta ponencia en cuanto a que si el derecho sustantivo es colectivo y la acción que lo tutele ha de ser colectiva también, entonces ha de tener efectos colectivos la sentencia judicial que se produzca; y si el derecho sustantivo es un Derecho Humano o difuso, y la acción que lo tutele es difusa también, entonces los efectos de la sentencia judicial correspondiente han de ser similares, aunque no idénticos, al efecto“erga omnes”.

De esta manera, en forma individual los miembros del grupo bajo una acción colectiva enderezada para tutelar derechos colectivos o individuales homogéneos, podrán recuperar en incidente de ejecución, particular e individualizado, la restitución o pago de los que les resulte debido, cuando sea el caso. La acción colectiva permite ubicar en un mismo plano jurídico y procesal a intereses de poder real económico y/o político frente a una colectividad formada por individuos que de no ser por la acción colectiva, carecerían de los medios necesarios y suficientes para hacer valer sus derechos frente a dichos intereses de mayor poder relativo.

En suma, esta nueva clase de acción procesal incrementará los medios jurídicos disponibles para permitir la prevención o bien para lograr la corrección de situaciones jurídicas inconvenientes para el interés colectivo o social.

Con el propósito de facilitar la comprensión y la discusión sobre el tema en estudio, como Anexo a esta ponencia se adjunta un modelo de regulación de la acción colectiva, en la que además, se definen ciertos términos utilizados en esta ponencia, tales como derechos individuales homogéneos, derechos difusos y derechos colectivos, etc.