I. Integración respecto a la terminología.

Debemos aclarar que la terminología en esta materia es bastante complicada, mas que por su ambigüedad o vaguedad, por la poca familiaridad que de ella se tiene en general. Podemos decir que el lenguaje técnico utilizado en la materia de las telecomunicaciones, proviene fundamentalmente del uso que en el medio se le asigna, cuya fuente primordial proviene de las ciencias exactas, y en particular de la ingeniería. Por ello, se ha intuido con frecuencia la identidad entre conceptos aplicables a las telecomunicaciones, como la transmisión, que también son aplicables a otras actividades donde la ingeniería está muy presente, como la infraestructura de gas natural o electricidad. El uso contextual en una u otra esfera determina diferencias sutiles de sentido: la electricidad como la telecomunicación son actividades que implican a la transmisión, pero el objeto de transmisión es diferente; en el primer caso se trata de fluido eléctrico, en el segundo de información. Lo anterior, hace que el lenguaje utilizado en esta materia, sea propio de un conjunto limitado de personas; pocas de ellas juristas.

Desde la lectura de la Ley Federal de Telecomunicaciones promulgada en 1995 (en adelante la “LFT”), se advierte una intención por uniformar definiciones jurídicas, que se ha repetido en sus Reglamentos, Tratados y en las Reglas que ha emitido la Comisión Federal de Telecomunicaciones hasta la fecha, como en los propios contratos privados celebrados no sólo entre los entes regulados, concesionarios y permisionarios, sino también entre éstos y sus usuarios finales. Estas definiciones son legales, administrativas o convencionales. Desde el punto de inicio que son las definiciones, encontramos una de las mayores causas de conflictos en términos de eficacia e interpretación jurídica. Por esta razón, abundaremos primeramente en este tema particular.

En la práctica jurídica cotidiana, dentro del contexto de las telecomunicaciones, nos hemos enfrentado con muchísimos casos en los que la formulación sintáctica, y el contenido semántico de las expresiones técnicas, no son verdaderas ni correctas. En efecto, la regulación ha procurado nutrir sus contenidos del lenguaje técnico, sin embargo, no siempre ha representado a determinado hecho social, en correspondencia con su realidad; ni tampoco ha descrito con veracidad a la norma subyacente. Por esas razones, lo que dicen las leyes y las regulaciones o los convenios en nuestro contexto, no siempre es lo que es; ni tampoco ha sido siempre lo que debe ser.

No poca incertidumbre ha generado el hecho de que la formulación de definiciones presenta problemas interpretativos. Se trata de prescripciones descriptivas o normativas que pueden ser verdaderas o falsas y que por lo tanto no serán susceptibles de obediencia o de desobediencia; o bien son normas jurídicas propiamente, en cuyo caso pueden ser válidas o inválidas susceptibles de ser obedecidas o desobedecidas. Hemos advertido con frecuencia, que las definiciones legales, administrativas o convencionales no han sido eficaces en transmitir claramente a su contenido significativo. Todas estas clases de definiciones han sido ambiguas puesto que en el contexto de las telecomunicaciones, ha sido probable asignarles dos o más significados, ya que han sido interpretadas de dos o más formas. También, han adolecido de vaguedad por cuanto a que se han caracterizado por la falta de precisión en cuanto a su contenido semántico. Por otra parte, hay ocasiones en las que las definiciones utilizadas en el contexto de las telecomunicaciones simplemente presentan anomalías en cuanto a las reglas lingüísticas, como sucede cuando tales disposiciones provienen primordialmente de reglas propias de un Derecho extranjero, el cual ha sido fuente importante de normatividad en las telecomunicaciones de nuestro país; por ejemplo el término “coubicación” es una traducción desafortunada del Inglés “co-location” utilizado en el Derecho anglosajón en materia de telecomunicaciones y que vino a ser implantado en nuestro derecho sin justificació

Prácticamente todas las definiciones contenidas en la LFT, en el Reglamento de Telecomunicaciones, en el Reglamento de Comunicación Vía Satélite, y en las Reglas emitidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, son descriptivas de cierta realidad o estado de cosas o bien de ciertas normas jurídicas. A veces, describen una verdad o realidad científica, como es el caso de las definiciones relativas a Espectro radioeléctrico, Frecuencia, u Orbita satelital . En otras ocasiones, describen un estado de cosas como es el caso de las definiciones de Red de Telecomunicaciones, Red privada de telecomunicaciones, Red pública de telecomunicaciones, Servicios de Valor Agregado, etc.

En primer término, no obstante el uso indicativo formulado para estas definiciones, debemos preguntarnos si éstas son normas o prescripciones normativas o descriptivas en el sentido de que su uso y significado ordenan, permiten o prohíben conductas o simplemente ilustran un estado de cosas o una norma jurídica de manera descriptiva. Aún aceptando que, algunas de ellas al menos, fueren normas su sentido significativo no corresponde a la realidad del estado de cosas que continuamente cambia conforme a la propia dinámica de las telecomunicaciones. En éste último caso, el cuerpo legal aplicable ha venido creando ficciones descriptivas a medida en que deja de existir correspondencia entre la realidad y el estancamiento de la propia dinámica jurídica. Con ello no se quiere decir que es necesario derivar un deber ser, de un ser. Mas bien afirmamos que tales definiciones no parten de un deber ser posible, por lo que son incapaces de causar una realidad o un estado de cosas; es decir, son ineficaces. Por tales motivos, a esta clase de definiciones las podemos de tildar también de falsas, por mas que sean válidas.

Por otra parte, la determinación interpretativa de la autoridad administrativa para incluir o excluir ciertos estados de cosas dentro de tal o cual definición, como lo pueden ser cierta clase de servicios, me parece inválida puesto que una interpretación de esta naturaleza excede el ámbito administrativo y probablemente es violatoria del Artículo 5º., de la Constitución General de la República, pues materialmente la propia autoridad administrativa estaría determinando lo que se permite y lo que se prohíbe, cuando en ambos casos sólo el Poder Legislativo o el Poder Judicial, podrán hacerlo según se trate de la producción de leyes generales o bien de su aplicación individual.

Por tales razones, es probable afirmar que las definiciones contenidas en los ordenamientos jurídicos de las telecomunicaciones, no son susceptibles de obediencia o desobediencia pues sencillamente no ordenan, prohíben o permiten una conducta; en cambio, al intentar describir un estado de cosas, esas definiciones son verdaderas o falsas en tanto su significado corresponda o no a la realidad o bien a una norma válida. El grado de falsedad e ineficacia se incrementa con el tiempo conforme la dinámica de la realidad no es correspondida por la dinámica jurídica. Por este motivo, no sugerimos que en nuevas disposiciones legales, administrativas o contractuales, se pretenda definir ni regular a las tecnologías ni en general a estados de cosas que por naturaleza propia cambian vertiginosamente, sino que se debe confiar en los usos mercantiles propios del sector a fin de encontrar en ellos la terminología apropiada.

Finalmente, hay casos en los que las leyes y regulaciones de la materia utilizan términos que no define. Tal es el caso de la “no-discriminación”, que aparece en el Artículo 43, fracción II de la LFT, relativo a su procedencia en la aplicación de tarifas. Consideramos que este término proviene en particular de la ciencia económica anglosajona como “non-discrimination”, y ha tenido una desafortunada incorporación a nuestro ámbito jurídico. Sin pretender señalar su significado anglosajón (de por sí variado según el contexto en el que se le aplique), en nuestro medio se ha entendido a la “no-discriminación” como un principio de igualdad, que a nuestro parecer puede llegar a ser injusto. En realidad, debe interpretársele como un principio de equidad, y por ello, se le debe aplicar en éste sentido